Cuando una persona enfrenta una condición crítica o se encuentra al final de su vida, pueden requerirse diligencias judiciales urgentes para hacer posibles intervenciones médicas, tratamientos o transfusiones, incluyendo negarse a tratamientos médicos. También garantizar hospitalización, cuidados paliativos y respeto de voluntades anticipadas; asegurar medicamentos, cuidados y gastos hospitalarios; proteger su vivienda, documentos y bienes; y evitar que el abandono, los conflictos familiares o la falta de recursos agraven su situación o dejen desprotegidas a las personas que dependen de ella.